La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP 30 denuncia la violencia racista en Río de Janeiro y en Belém.
Lea la denuncia que conecta las lógicas racistas de control y seguridad en Río y en la organización de la COP 30 El 28 de octubre de 2025, las fuerzas de seguridad pública del estado de Río de Janeiro llevaron a cabo una masacre que se configura como la más letal de la historia del estado de Río de Janeiro y de Brasil. Más de 120 personas tuvieron sus vidas arrebatadas por un proyecto de “guerra contra las drogas” ineficiente y racista, que en la práctica se ha revelado como una verdadera guerra contra los pobres y las personas negras. Este acto brutal evidencia el racismo institucional presente en las instituciones de seguridad pública de Brasil. Se trata de una operación más, racista y mediática, que no ataca la raíz del problema y solo expone una orientación estatal hacia el exterminio deliberado de jóvenes negros y la violación sistemática de los derechos de la población empobrecida, al transformar a los habitantes de las favelas en enemigos a combatir. Esta violencia demuestra que la crisis climática y social es también una crisis de derechos humanos, que afecta principalmente a cuerpos negros y periféricos. Dicha operación se articula con un escenario internacional de ofensiva imperialista que intenta imponer el estigma del narcoterrorismo a América Latina, justificando intervenciones estadounidenses al margen de la soberanía nacional. Con la expansión de bases militares, acuerdos de cooperación en seguridad y operaciones conjuntas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo, Estados Unidos intensifica su presencia militar en América Latina, perpetuando una lógica de control geopolítico que amenaza la soberanía de los pueblos, criminaliza los movimientos sociales y legitima intervenciones que históricamente han servido a los intereses corporativos en la región. La respuesta articulada de la extrema derecha en las redes y en los medios refuerza la línea bolsonarista que pide intervención estadounidense, entregando nuestra soberanía a los intereses capitalistas mientras sacrifica cuerpos negros, personas LGBTQIAPN+ y las favelas. Esta lógica de dominación y expropiación de la vida refleja, de forma ampliada, la desigualdad estructural que también se manifiesta en las crisis ambientales. Brasil alberga la mayor población negra fuera del continente africano. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2022), más del 56% de la población brasileña se identifica como negra, es decir, la suma de personas negras y pardas, lo que corresponde a más de 120 millones de personas. Esta mayoría ha sido históricamente responsable de construir el país en las ciudades, en el campo, en las artes, en las economías y en el desarrollo, aunque no se beneficie de ello, todo a través de la resistencia cotidiana al racismo sistémico. El conflicto entre el crimen organizado, las fuerzas policiales y las milicias ha impuesto una lógica de militarización de la vida a los habitantes de Río de Janeiro, especialmente en las favelas. Sin embargo, esta lógica no hace la vida más segura ni resuelve los profundos problemas cotidianos de una sociedad profundamente desigual. En este contexto, también es importante mirar la realidad de la ciudad de Belém, que se prepara para recibir la Cumbre de los Pueblos y la COP 30. Belém presenta una realidad distinta a la de Río de Janeiro, aunque comparte con ella las marcas de la desigualdad social, la ausencia de políticas públicas estructurales y la violencia selectiva. Mientras Río está históricamente atravesado por la militarización de las favelas, las incursiones policiales letales y el dominio de facciones y milicias, en Belém el escenario se expresa de otras formas — con la presencia de facciones de actuación local y conexiones con grupos nacionales, pero sin la misma visibilidad de guerra urbana que caracteriza a Río. La capital paraense ha registrado una reducción en las tasas de homicidio en los últimos años, pero esto no se traduce automáticamente en una sensación de seguridad, especialmente para jóvenes negros y periféricos que viven en las zonas bajas de la ciudad, quienes siguen siendo los principales objetivos de la violencia estatal. La diferencia central es que, en Belém, la violencia tiende a ser menos espectacularizada por los medios y menos asociada a grandes enfrentamientos, pero aún refleja la misma estructura de exclusión y racismo que atraviesa el país. A las compañeras y compañeros que llegarán a Belém para la Cumbre de los Pueblos, es importante prestar atención a las dinámicas locales y a las desigualdades que moldean la ciudad. Eviten desplazarse solos por la noche o en zonas poco iluminadas y procuren circular en grupo siempre que sea posible. Utilicen transporte confiable (aplicaciones conocidas, taxis cooperativos o autobuses identificados del evento) y eviten llevar objetos de valor de forma visible. La violencia urbana en Belém, al igual que en otras grandes ciudades brasileñas, se manifiesta en hurtos, robos y conflictos localizados que pueden ocurrir en distintas regiones de la ciudad. Es fundamental actuar con el mismo cuidado que tendríamos en cualquier capital, respetando los territorios, las poblaciones locales y la dinámica cultural amazónica. Reafirmamos que nuestra presencia aquí es también un gesto político — de solidaridad y escucha a los pueblos de la Amazonía — y que nuestra seguridad depende tanto de la atención individual como de la protección colectiva que construimos juntas y juntos. El 31 de octubre, el gobierno federal decretó una operación de Garantía de la Ley y del Orden (GLO) específicamente para el estado de Pará, con foco en la seguridad durante el período preparatorio y de realización de la COP 30 en Belém. La medida autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de patrullaje, requisa y control de áreas civiles, bajo el argumento de reforzar la seguridad pública. Aunque se presenta como una estrategia de protección, esta medida nos preocupa, ya que históricamente la militarización del espacio público ha significado un aumento de la represión, especialmente sobre cuerpos negros, indígenas y periféricos. Ante esto, reafirmamos que nuestra seguridad no vendrá de las armas, sino de la solidaridad y de la organización popular. Contaremos con un equipo de seguridad orgánica de los movimientos
Organizaciones sociales lanzan carta en apoyo a la lucha de los pueblos indígenas de Pará por la educación
Movimientos denuncian brutalidad por parte del Gobierno de Pará y exigen diálogo con la movilización indígena. Foto: @joaopaulofotografia via @casaninjaamazonia Más de 100 organizaciones, entre movimientos populares, sindicatos, ONGs, foros y redes de todo el país, lanzaron una carta en apoyo a la lucha de los pueblos indígenas, entre ellos Borari, Munduruku, Tembé, Xikrim y Arapium, que ocupan desde hace tres días la sede de la Secretaría Estatal de Educación de Pará en Belém, protestando contra las alteraciones en el Sistema de Organización Modular de Enseñanza (Some) que modifican la educación escolar indígena. Exigen la derogación de la ley 10.820/2024, aprobada en diciembre de 2024 sin consulta previa a los pueblos indígenas, lo que afecta al magisterio de Pará y, en consecuencia, a la educación indígena. La carta denuncia la violencia sufrida durante la ocupación en los últimos días, como el corte del suministro de agua y electricidad del edificio, la prohibición de la entrada de alimentos, agua, cobertura de prensa e instituciones de justicia, lo que, según los firmantes, denota un “proyecto político más amplio de desmantelamiento del Estado y de las políticas públicas inclusivas a favor del agronegocio, las mineras, las madereras y los mercaderes del clima, entre otros grupos poderosos” por parte del Gobierno del Estado de Pará. Otro punto señalado es la falta de diálogo por parte del Gobierno del Estado, especialmente del gobernador Helder Barbalho. “No es posible realizar la COP de la Selva violando los derechos esenciales de los pueblos que protegen la selva”, afirman las organizaciones. Lea la carta completa aquí: MANIFESTO INDIGENA ES
Nota de Repudio – El Gobierno de Pará debe respetar los derechos indígenas
La Cúpula de los Pueblos manifiesta públicamente su más absoluto repudio a la forma violenta y autoritaria con la que el Gobierno de Pará está tratando a los pueblos indígenas que acudieron a la Secretaría de Educación (Seduc) para solicitar la revisión de la decisión de extinguir el Sistema Modular de Enseñanza. Unas doscientas lideresas y líderes sufrieron cercos policiales, uso de gas pimienta en los baños, cortes de electricidad y agua, y confinamiento dentro del organismo gubernamental. ¿Así es como se trata a nuestros guardianes de los bosques, ríos y aire en Belém, sede de la COP 30? En solidaridad con los pueblos Munduruku, Tembé, Xikrim, Borari, Arupim y otras etnias que participan activamente en la lucha por la preservación de la educación indígena en el estado, la Cúpula de los Pueblos se une a la protesta contra la desastrosa propuesta del Gobierno de Pará y reafirma su compromiso con la defensa de la educación, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas. Lamentamos profundamente la omisión del gobierno al no escuchar a las lideresas, líderes y representantes de las comunidades afectadas. Hasta ahora, no ha habido contacto alguno por parte de las titulares de Seduc ni de la Secretaría Estatal de los Pueblos Indígenas. Esta postura demuestra que el gobierno opta por un tipo de gestión que alimenta el conflicto. Además de la violencia, el gobierno desrespeta el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, tratando a los pueblos indígenas como si sus demandas no fueran legítimas. La imposición de soluciones como la enseñanza por televisión, sin considerar la realidad de las aldeas, es prueba del total desinterés por la educación que los pueblos indígenas exigen. Tampoco se consultó a las familias sobre negociaciones de créditos de carbono. La Cúpula de los Pueblos se solidariza con las lideresas y líderes indígenas y exige que el gobierno cese inmediatamente las hostilidades, reabra el diálogo y respete los derechos de los pueblos indígenas. No aceptaremos que la violencia y el autoritarismo prevalezcan una vez más. Cúpula de los Pueblos rumbo a la COP 3014 de enero de 2025