La Cumbre de los Pueblos, junto a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, entregó una carta a la Fiscalía Federal (MPF) en la que expresa su “profunda preocupación” por el uso de la Garantía de la Ley y del Orden (GLO) durante la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém. La preocupación se centra en la posible militarización del evento y en los riesgos para la participación popular libre y democrática.
La carta fue entregada al Fiscal Federal de los Derechos del Ciudadano, Nicolao Dino, durante el evento Pre-COP del MPF, realizado el lunes (20 de octubre) en Belém. El documento lleva por título “Sobre la indeseada militarización de la COP30 y la necesaria garantía de participación de la sociedad civil y los movimientos sociales”.
La entrega fue realizada por representantes de la Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), la Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – Núcleo Pará (ABJD/PA), el Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA), el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) y Terra de Direitos.
El documento expresa preocupación por la posible declaración de una operación GLO durante la COP30, una medida excepcional que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en casos de grave alteración del orden público. Este mecanismo, formalizado por la Ley Complementaria N° 97/1999, tiene su origen en prácticas del régimen militar brasileño, cuando las Fuerzas Armadas eran utilizadas para el control del orden interno.
Según las organizaciones, invocar la GLO representaría una indebida militarización de un evento civil y ambiental, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de manifestación, reunión y libre expresión, así como la participación democrática de la sociedad civil. El documento también busca salvaguardar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos y garantizar condiciones seguras para las movilizaciones populares durante la conferencia.
La carta enfatiza que el uso de la GLO en eventos civiles es jurídicamente inapropiado, innecesario y desproporcionado, de acuerdo con la interpretación del Supremo Tribunal Federal en la ADI 6457, que limita su aplicación a situaciones excepcionales y solo después de agotar los mecanismos ordinarios de seguridad pública. El texto subraya que no existe una amenaza concreta al orden público que justifique el uso de las Fuerzas Armadas en la COP30 y que las preocupaciones de las autoridades parecen dirigirse a las protestas sociales y no a la seguridad pública.
“Las manifestaciones son instrumentos legítimos para fortalecer la democracia y la lucha climática, no amenazas al orden”, afirma el documento. Las organizaciones advierten además que Brasil debe garantizar que la COP30 se realice en un ambiente de respeto, inclusión y libertad, y que la militarización de un evento de esta naturaleza contraviene los principios constitucionales e internacionales de derechos humanos.
Historia de represión y deber de no repetición
Las organizaciones recuerdan que Brasil tiene un historial de criminalización de los movimientos sociales y de represión violenta a las protestas, especialmente en la Amazonía, como en la masacre de Eldorado dos Carajás, la construcción de Belo Monte, y las represiones contra comunidades quilombolas, estudiantes y defensores ambientales. El texto también menciona la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Antônio Tavares Pereira, que condenó al Estado brasileño por el uso desproporcionado de la fuerza y determinó, entre otras medidas, el deber de no repetición de prácticas represivas y violatorias de derechos humanos.
“La militarización no protege el orden; solo multiplica la violencia y refuerza el racismo institucional, afectando de manera selectiva a líderes negros, indígenas y de comunidades tradicionales”, afirman las organizaciones firmantes.
Garantía de participación
El documento reafirma que el objetivo de celebrar la COP30 en la Amazonía es dar visibilidad a los pueblos y comunidades que enfrentan directamente los efectos de la crisis climática, y no aislar a la población local de las decisiones globales sobre el futuro del planeta. Rechaza “cualquier cordón militar que limite la interacción entre los diversos actores y actrices que estarán en Belém.”