Movimientos sociales y populares, coaliciones, colectivos, redes y organizaciones de la sociedad civil de Brasil han estado, desde agosto de 2023, construyendo un proceso de convergencia entre organizaciones y movimientos de mujeres, sindicales, indígenas, agricultores/as familiares y campesinos, quilombolas, de pueblos y comunidades tradicionales, de pueblos tradicionales de matriz africana, negros y negras, juventudes, interreligiosos, ambientalistas, trabajadores/as, midialivristas, culturales, estudiantes, de favelas y periferias, LGBTQIAPN+, de personas con discapacidad, de derechos humanos, de defensa de la infancia, adolescencia e intergeneracional, de las ciudades, del campo, de los bosques y de las aguas, con el objetivo de realizar la Cúpula de los Pueblos como un espacio autónomo a la COP 30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), en la Amazonía.

Nuestro objetivo es fortalecer la construcción popular y converger las agendas de unidad: socioambiental, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, antirracista y de derechos, respetando sus diversidades y especificidades, unidos por un futuro de buen vivir. En el contexto actual, más que nunca, necesitamos avanzar en espacios colectivos que defiendan la democracia y la solidaridad internacional, enfrenten la extrema derecha, el fascismo, los fundamentalismos, las guerras, la financiarización de la naturaleza y la crisis climática.

El clima extremo, las sequías, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y las falsas soluciones climáticas sirven como instrumentos para profundizar la desigualdad y las injusticias ambientales y climáticas, principalmente en los territorios, afectando de manera cruel a quienes menos han contribuido a la crisis climática, ecológica y civilizatoria.

La insuficiencia de medidas para contener tales crisis es alarmante. Los países y tomadores de decisiones se han omitido o han presentado soluciones absolutamente ineficaces, poniendo en riesgo la meta de 1,5º del Acuerdo de París. Las inversiones que alimentan el cambio climático han aumentado en los últimos años, y las políticas de protección a los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales han sido desmanteladas, y sus liderazgos, amenazados y asesinados.

Las soluciones reales son urgentes y la sociedad civil de todo el mundo debe ser protagonista en todos los espacios de debate de esta agenda. La COP 30 debe representar un punto de inflexión en este escenario y abordar las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática.

Es necesario revisar el modelo económico vigente y eliminar la producción y quema de combustibles fósiles, responsables de más de ⅔ de las emisiones que provocan el calentamiento global, así como implementar políticas para la deforestación cero. Urgen acuerdos internacionales por una transición energética justa, empezando por los más ricos, además de responsabilizar a las corporaciones transnacionales del agronegocio, la minería, el sector energético, inmobiliario y de infraestructura, que hoy representan una amenaza para las poblaciones locales.
Es urgente intensificar la lucha contra el crimen organizado, grupos paramilitares y mercaderes de carbono, que se están instalando de manera creciente en diversos territorios. Que se combatan las amenazas y se ofrezca protección y garantía de derechos a los defensores ambientales y de derechos humanos, con atención a la ratificación del Acuerdo de Escazú y otros de suma importancia.

Es fundamental que se realice una transición justa, popular e inclusiva; el derecho a la tierra y territorio mediante la reforma urbana, agraria y fundiaria; la demarcación, titulación y regularización de los territorios indígenas, quilombolas, pesqueros y tradicionales; el establecimiento de sistemas alimentarios donde la soberanía alimentaria sea el foco, con fomento a la agroecología, a la valorización de la producción familiar, campesina y de la pesca artesanal, de la economía indígena, solidaria y feminista; el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos; la protección de las áreas oceánicas, de tierras raras y marinas; la protección de la biodiversidad; la generación de trabajo decente, empleo y renta y de políticas de cuidado; la consolidación del derecho a la ciudad con políticas urbanas como políticas ambientales; la implementación de políticas específicas para afectados climáticos; de acceso a agua potable y saneamiento básico; de prevención y adaptación climática, en especial en las periferias urbanas y en los territorios indígenas y tradicionales; la erradicación del racismo ambiental y estructural, y de la violencia contra mujeres y niñas, diferentes culturas y visiones del mundo; promoción de la comunicación libre y de la diversidad cultural; políticas para la juventud negra viva; y medidas de reparación y democratización del financiamiento climático justo, fuera del mercado de carbono y de endeudamiento, con estructuración de fondos y gobernanza por parte de las comunidades.

Sin embargo, nada de esto ocurrirá sin una amplia presión y participación efectiva de la sociedad civil. Llamamos a las organizaciones, redes, colectivos y movimientos sociales de los más diversos segmentos a construir la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP 30, que sea capaz de movilizar la opinión pública, fortalecer la democracia participativa y popular, denunciar y frenar retrocesos, así como presionar a los tomadores de decisiones en Brasil y en el mundo.