Las organizaciones que conforman la Cumbre de los Pueblos, una articulación que reúne a alrededor de 1.100 movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, participaron en el lanzamiento de las Cámaras Técnicas del Comité Interministerial sobre Cambio Climático (CIM) de Brasil, así como en la primera reunión de las Cámaras Consultivas, que incluyen la Cámara de Participación Social (CPS), la de Asesoramiento Científico (CAC) y la de Articulación Interfederativa (CAI). El desafío de esta participación es presionar para que las políticas públicas promuevan los derechos y no las violaciones de los derechos de los pueblos.
El lanzamiento y la primera reunión se realizaron este miércoles y jueves, 10 y 11, respectivamente, en el Distrito Federal. Según el gobierno, la reunión de las cámaras buscó acercar al gobierno federal con organizaciones de la sociedad civil, la academia y representantes locales, asegurando que las distintas perspectivas puedan llegar a los espacios de decisión del Comité.
Estos espacios consultivos del CIM se consideran estratégicos, ya que permiten que los movimientos sociales acompañen e influyan en la formulación y el monitoreo de políticas, a través de la CPS, por ejemplo. En tiempos de negacionismo, la CAC cumple el papel de garantizar que las decisiones estén basadas en conocimiento científico confiable, mientras que la CAI promueve la articulación entre la Unión, los estados y los municipios, fortaleciendo el federalismo ambiental.
La participación de organizaciones articuladas en la Cumbre en estos espacios evidencia la importancia de conectar las voces de la sociedad civil con la elaboración y la implementación de políticas climáticas, garantizando que las decisiones tomadas en el ámbito federal consideren las necesidades y las soluciones propuestas por los territorios.
Letícia Tura, directora nacional de Fase y miembro de la Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos, advierte:
“Algunos de los desafíos de la sociedad civil en la participación en estas cámaras técnicas son garantizar que las políticas públicas climáticas sean vectores de garantía y defensa de derechos, y no vectores de violación de derechos. Que las propuestas de la sociedad civil sean visibles y se hagan efectivas, y que las soluciones que provienen de los territorios sean reconocidas en las políticas públicas nacionales para enfrentar el cambio climático.”
Fotos: GIZ Juliana Caribé
