Lea la denuncia que conecta las lógicas racistas de control y seguridad en Río y en la organización de la COP 30
El 28 de octubre de 2025, las fuerzas de seguridad pública del estado de Río de Janeiro llevaron a cabo una masacre que se configura como la más letal de la historia del estado de Río de Janeiro y de Brasil. Más de 120 personas tuvieron sus vidas arrebatadas por un proyecto de “guerra contra las drogas” ineficiente y racista, que en la práctica se ha revelado como una verdadera guerra contra los pobres y las personas negras. Este acto brutal evidencia el racismo institucional presente en las instituciones de seguridad pública de Brasil.
Se trata de una operación más, racista y mediática, que no ataca la raíz del problema y solo expone una orientación estatal hacia el exterminio deliberado de jóvenes negros y la violación sistemática de los derechos de la población empobrecida, al transformar a los habitantes de las favelas en enemigos a combatir. Esta violencia demuestra que la crisis climática y social es también una crisis de derechos humanos, que afecta principalmente a cuerpos negros y periféricos. Dicha operación se articula con un escenario internacional de ofensiva imperialista que intenta imponer el estigma del narcoterrorismo a América Latina, justificando intervenciones estadounidenses al margen de la soberanía nacional. Con la expansión de bases militares, acuerdos de cooperación en seguridad y operaciones conjuntas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo, Estados Unidos intensifica su presencia militar en América Latina, perpetuando una lógica de control geopolítico que amenaza la soberanía de los pueblos, criminaliza los movimientos sociales y legitima intervenciones que históricamente han servido a los intereses corporativos en la región.
La respuesta articulada de la extrema derecha en las redes y en los medios refuerza la línea bolsonarista que pide intervención estadounidense, entregando nuestra soberanía a los intereses capitalistas mientras sacrifica cuerpos negros, personas LGBTQIAPN+ y las favelas. Esta lógica de dominación y expropiación de la vida refleja, de forma ampliada, la desigualdad estructural que también se manifiesta en las crisis ambientales.
Brasil alberga la mayor población negra fuera del continente africano. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2022), más del 56% de la población brasileña se identifica como negra, es decir, la suma de personas negras y pardas, lo que corresponde a más de 120 millones de personas. Esta mayoría ha sido históricamente responsable de construir el país en las ciudades, en el campo, en las artes, en las economías y en el desarrollo, aunque no se beneficie de ello, todo a través de la resistencia cotidiana al racismo sistémico.
El conflicto entre el crimen organizado, las fuerzas policiales y las milicias ha impuesto una lógica de militarización de la vida a los habitantes de Río de Janeiro, especialmente en las favelas. Sin embargo, esta lógica no hace la vida más segura ni resuelve los profundos problemas cotidianos de una sociedad profundamente desigual.
En este contexto, también es importante mirar la realidad de la ciudad de Belém, que se prepara para recibir la Cumbre de los Pueblos y la COP 30. Belém presenta una realidad distinta a la de Río de Janeiro, aunque comparte con ella las marcas de la desigualdad social, la ausencia de políticas públicas estructurales y la violencia selectiva. Mientras Río está históricamente atravesado por la militarización de las favelas, las incursiones policiales letales y el dominio de facciones y milicias, en Belém el escenario se expresa de otras formas — con la presencia de facciones de actuación local y conexiones con grupos nacionales, pero sin la misma visibilidad de guerra urbana que caracteriza a Río. La capital paraense ha registrado una reducción en las tasas de homicidio en los últimos años, pero esto no se traduce automáticamente en una sensación de seguridad, especialmente para jóvenes negros y periféricos que viven en las zonas bajas de la ciudad, quienes siguen siendo los principales objetivos de la violencia estatal. La diferencia central es que, en Belém, la violencia tiende a ser menos espectacularizada por los medios y menos asociada a grandes enfrentamientos, pero aún refleja la misma estructura de exclusión y racismo que atraviesa el país.
A las compañeras y compañeros que llegarán a Belém para la Cumbre de los Pueblos, es importante prestar atención a las dinámicas locales y a las desigualdades que moldean la ciudad. Eviten desplazarse solos por la noche o en zonas poco iluminadas y procuren circular en grupo siempre que sea posible. Utilicen transporte confiable (aplicaciones conocidas, taxis cooperativos o autobuses identificados del evento) y eviten llevar objetos de valor de forma visible. La violencia urbana en Belém, al igual que en otras grandes ciudades brasileñas, se manifiesta en hurtos, robos y conflictos localizados que pueden ocurrir en distintas regiones de la ciudad. Es fundamental actuar con el mismo cuidado que tendríamos en cualquier capital, respetando los territorios, las poblaciones locales y la dinámica cultural amazónica. Reafirmamos que nuestra presencia aquí es también un gesto político — de solidaridad y escucha a los pueblos de la Amazonía — y que nuestra seguridad depende tanto de la atención individual como de la protección colectiva que construimos juntas y juntos.
El 31 de octubre, el gobierno federal decretó una operación de Garantía de la Ley y del Orden (GLO) específicamente para el estado de Pará, con foco en la seguridad durante el período preparatorio y de realización de la COP 30 en Belém. La medida autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de patrullaje, requisa y control de áreas civiles, bajo el argumento de reforzar la seguridad pública. Aunque se presenta como una estrategia de protección, esta medida nos preocupa, ya que históricamente la militarización del espacio público ha significado un aumento de la represión, especialmente sobre cuerpos negros, indígenas y periféricos.
Ante esto, reafirmamos que nuestra seguridad no vendrá de las armas, sino de la solidaridad y de la organización popular. Contaremos con un equipo de seguridad orgánica de los movimientos sociales, formado por militantes experimentados y comprometidos con la protección de nuestros espacios y participantes, así como con una asesoría jurídica popular de guardia durante todos los días de la Cumbre. Estas estructuras garantizarán el acompañamiento permanente ante cualquier situación de riesgo, abuso de autoridad o violación de derechos. Seguiremos atentos, firmes y organizados, porque nuestra presencia en Belém es un acto de resistencia y de defensa de la vida — la vida de los pueblos, de los bosques y de la Amazonía.
En este sentido, es urgente y necesaria la solidaridad de los pueblos del mundo y la denuncia de este proyecto racista, incompatible con la vida. Por ello, reforzamos el llamado a construir una Cumbre que nos señale el lugar estratégico y protagónico que ocupamos. Denunciamos las falsas soluciones del capitalismo, la militarización y el racismo, y seguimos reafirmando la necesidad de construir una sociedad en la que la vida esté en el centro.
Seguimos en pie por quienes cayeron y por quienes están aquí. Expresamos nuestra solidaridad con las familias que, en este momento de dolor y de indignación ante la pérdida de sus seres queridos, también marchan por la dignidad de sus territorios.