En una decisión histórica, el Tribunal Feminista Internacional realizado durante la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP 30 analizó nueve casos del Sur Global sobre cómo las crisis política, económica, social, de seguridad y climática afectan las vidas y los derechos de mujeres y disidencias sexuales. El modelo capitalista extractivista, racista y patriarcal fue condenado y ahora los Estados y corporaciones serán denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos de la naturaleza.
El Tribunal fue organizado por la Iniciativa Internacional de Mujeres sobre Cuerpos y Territorios, la Articulación de Mujeres Brasileñas, el Grupo de Defensa de Mujeres y Cambio Climático del Perú y la Coalición Global por los Bosques. La iniciativa se desarrolló como parte del eje temático “Feminismo Popular y Resistencia de las Mujeres en los Territorios”, que movilizó movimientos, organizaciones y redes a lo largo de 2024 y 2025.
En el juicio, realizado el 13 de noviembre en la Carpa Plenaria de la Universidad Federal de Pará, fueron analizadas nueve denuncias presentadas por mujeres y disidencias de Palestina, Haití, Sáhara Occidental, Perú, Brasil, Venezuela, Chile y el estado de Pará en Brasil. A lo largo de toda la sesión, los casos revelaron la amplitud de las violencias que atraviesan los cuerpos, las vidas y los territorios de mujeres y personas disidentes en medio de crisis políticas, económicas, sociales, de seguridad y climáticas.
Las denuncias convergieron en un diagnóstico común. El modelo capitalista extractivista, racista y patriarcal continúa profundizando desigualdades e instaurando nuevas formas de colonización que se expresan tanto en la captura de los territorios como en la violación de los cuerpos. La conclusión fue que cada caso presentado muestra diferentes expresiones de un mismo sistema de opresiones.
Los casos expuestos por mujeres del Sur Global dejaron claro que existe una intersección entre las violencias de género, geopolíticas, económicas, sociales, ambientales, raciales, transfóbicas y climáticas que afectan sus cuerpos y territorios, sus impactos y las formas de resistencia frente a un orden opresor contra el cual sostienen una lucha articulada por una convivencia pacífica sin discriminación con justicia en equilibrio con la naturaleza y celebrando la diversidad. Así registra un fragmento de la sentencia.
El Tribunal fue presidido por Celia Xakriabá, lideresa indígena y diputada federal de Brasil. La bancada de juezas estuvo compuesta por Sophie Dowlar, de la Marcha Mundial de las Mujeres en Kenia, Uli Arta Siagian, activista de Indonesia, Nazely Vardanyan, de Armenian Forests, y Marisol García, lideresa indígena kichwa de la Amazonía peruana. La diversidad geopolítica de las magistradas reforzó el carácter internacional y popular del juicio.
Las situaciones denunciadas fueron tratadas como evidencias de un engranaje global que combina racismo ambiental, violencia de género, militarización, represión política, explotación económica y destrucción ambiental. Para el Tribunal, estas violaciones forman un continuo que atraviesa fronteras y se intensifica con la crisis climática, agravado por la omisión y el negacionismo de Estados con gran poder político y económico.
Los testimonios revelan la red de violencias que atraviesa el Sur Global. Los relatos expuestos ante el Tribunal mostraron la intersección entre violencia de género, invasión territorial, conflictos armados, crisis climática, racismo, transfobia y destrucción ambiental. Del Pará a Palestina, mujeres y disidencias sufren, resisten a las violaciones, hacen eco de múltiples gritos de dolor y esperanza y continúan organizándose.
Assalah Abu Khdeir, de Palestina, denunció el genocidio impuesto por el Estado de Israel contra su pueblo, donde mujeres y niñas son las principales víctimas del hambre, de la falta de atención médica y de la violencia militar. Reivindicó el derecho a vivir con paz y autonomía.
Desde Haití, Juslene Tyresias, de La Vía Campesina, relató el avance de la violencia física, psicológica y sexual derivada de la inestabilidad política y de la actuación de bandas armadas. El cambio climático profundiza la crisis y fuerza el desplazamiento de mujeres y niñas.
La saharaui Chaba Siny reivindicó el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental y denunció la represión marroquí. Afirmó que no existe justicia climática mientras haya ocupación militar y restricción de las libertades políticas de las mujeres.
Olivia Bisa Tirko, lideresa indígena de la Nación Chapra en Perú, acusó al Estado de pactar con corporaciones responsables de ecocidio y violencia contra defensores ambientales. Preguntó por qué tres décadas de COP no fueron capaces de contener la crisis climática.
Desde Brasil, Beku Gogti, mujer xikrin e integrante del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería, relató los impactos de la contaminación de los ríos causada por la empresa Vale, que afecta especialmente a gestantes y niñas y niños de su comunidad.
Cledeneuza Bizerra, quebradora de coco babaçu del estado de Pará, denunció la destrucción de modos de vida tradicionales y el avance del agronegocio sobre áreas de uso común. Reafirmó que las mujeres rurales alimentan al mundo y que el dinero no se come.
La venezolana Alejandra Laprea describió los efectos devastadores del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, que precariza la vida de las mujeres responsables del cuidado y aumenta su vulnerabilidad a la violencia.
El caso de la lideresa mapuche Julia Chunil, desaparecida en 2024 mientras defendía su territorio de empresas del agronegocio, fue presentado por María José Lubertino, quien exigió la responsabilidad del Estado chileno por permitir que violaciones de esta gravedad ocurran.
Desde la Amazonía paraense, Melisandra, de la Casa Cura, expuso la violencia estructural que afecta a mujeres trans. Denunció el odio, la transfobia, el racismo religioso y la negligencia del Estado brasileño, país que encabeza el ranking mundial de asesinatos de personas trans.
La escucha de estos testimonios frente a una carpa colmada evidenció que el neocolonialismo hoy se disfraza de proyectos de inversión y acciones climáticas que en la práctica desterritorializan a pueblos y comunidades para generar lucro a grandes corporaciones. Las juezas destacaron que la omisión de los Estados es parte del problema y profundiza la violación de derechos.
El veredicto va más allá de recomendaciones y exige reparaciones. Al anunciar el resultado, las juezas destacaron que los perpetradores de estos crímenes son colectivos, como Estados, corporaciones transnacionales y élites económicas, y que las víctimas también son colectivas, pues afectan directamente a mujeres, disidencias, pueblos indígenas, comunidades negras, defensores de derechos humanos y organizaciones territoriales.
Por ello, el Tribunal definió un veredicto que no se limita a recomendar medidas y establece directrices para una acción internacional permanente. Entre estas directrices están la exigencia de justicia financiera por las violaciones sufridas, el pedido de reparaciones económicas por ocupaciones ilegales, violaciones, asesinatos, destrucción ambiental y pérdidas culturales y espirituales, y la reivindicación del reconocimiento de Estados plurinacionales que coloquen a mujeres y minorías sexuales y de género en el centro de la toma de decisiones desde las Naciones Unidas hasta las mesas de negociación climática.
El impacto de la decisión también está en la determinación de analizar casos emblemáticos en curso, como los de la República Democrática del Congo, Sudán y Río de Janeiro, todos marcados por ecocidio, genocidio, feminicidio y múltiples formas de violencia estructural. Para el Tribunal, reconocer estas violaciones y responsabilizar a los agentes involucrados es condición indispensable para enfrentar un escenario global en el que 158 millones de mujeres viven en la pobreza y donde desplazamientos forzados, impactos de agrotóxicos y violencia estatal todavía no son tratados como crímenes que afectan directamente la vida y la dignidad de las poblaciones más vulnerables.
El Tribunal advirtió sobre la actualización del neocolonialismo, que hoy aparece disfrazado de inversiones climáticas mientras en la práctica promueve la expropiación de pueblos y comunidades para expandir frentes de explotación. Según las magistradas, esta dinámica impide cualquier posibilidad de justicia climática, pues destruye bosques, desestabiliza territorios y expone a mujeres y cuerpos feminizados a violencias que van del hambre al asesinato.
En el cierre, la sentencia reafirmó que defender a las mujeres es defender la vida en la Tierra. Al declarar que un planeta sin mujeres es imposible, el Tribunal posicionó la lucha feminista como un eje central de la disputa por justicia climática en el Sur Global e inauguró una nueva etapa de incidencia internacional que ahora seguirá hacia instancias jurídicas y políticas a escala continental. La decisión, construida en Belém, trasciende el tiempo de la sesión y se afirma como un punto de inflexión en la denuncia global contra un modelo que trata cuerpos y territorios como zonas de sacrificio.
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