En una conferencia de prensa dentro de la zona azul de la COP30, la activista india Rachitaa Ramesh, integrante de la campaña internacional Demand Climate Justice (DCJ) y de la Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos, sintetizó la urgencia que marca las negociaciones climáticas en este momento decisivo rumbo a la COP30 en Belén. Para ella, los recursos destinados a la adaptación, a las pérdidas y daños y a la transición lejos de los combustibles fósiles deben ser públicos, basados en donaciones y nunca en mecanismos que empujen a países y comunidades vulnerables a nuevas deudas por una crisis que no provocaron.
“Nuestras comunidades no deben ser empujadas a deudas aún mayores por desastres que no causaron”, defendió, al advertir que el escenario político global actual está marcado por retrocesos y por un creciente esfuerzo de las grandes potencias económicas para transferir riesgos y responsabilidades a los países más pobres.
Según Rachitaa, mientras el discurso público de los países ricos aparenta compromiso climático, sus gobiernos siguen priorizando intereses corporativos, fortaleciendo mecanismos financieros que ofrecen poco o ningún apoyo real a las poblaciones en la primera línea de los impactos climáticos. Las consecuencias son devastadoras: los programas de adaptación siguen subfinanciados, las medidas de prevención fallan y las comunidades más afectadas permanecen en exposición permanente, teniendo que reconstruir sus vidas repetidamente tras eventos climáticos extremos.
La activista también llamó la atención sobre los impactos diferenciados de la crisis climática en mujeres, pueblos indígenas, trabajadores y comunidades racializadas. Ignorar estas desigualdades, afirmó, produce políticas ineficientes e injustas. “Cuando hablamos de transición, necesitamos hablar de vidas. Y algunas vidas siguen siendo tratadas como desechables”, señaló.
Rachitaa destaca que la transición energética no puede replicar desigualdades históricas y debe colocar a las comunidades en el centro de la toma de decisiones — no solo como beneficiarias, sino como liderazgos y protagonistas.
Otro punto crítico planteado es la insistencia de los países del Norte Global en promover “soluciones” que profundizan el problema. Citó, por ejemplo, propuestas basadas en compensaciones de carbono, en créditos inciertos y en modelos financieros que se presentan como innovadores, pero que trasladan riesgos a los países del Sur.
Para ella, estas iniciativas desvían la atención de medidas reales como reducir las emisiones en su origen, poner fin a la era de los combustibles fósiles y financiar de manera justa la transición global. “Vemos al mundo rico hacer promesas con una mano y retirarlas con la otra”, dijo.
A partir de este diagnóstico, Rachitaa reforzó que solo será posible un financiamiento climático adecuado si los grandes emisores históricos asumen su responsabilidad. Entre los mencionados están Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, Australia y Japón.
“La transición debe ser rápida, debe comenzar con quienes causaron la crisis y debe ser financiada por ellos”, destacó. Para ella, esto incluye tres pilares fundamentales: la adaptación, aún peligrosamente subfinanciada; las pérdidas y daños, esenciales para que las comunidades puedan reconstruir casas, vidas y economías; y recursos suficientes para una transición justa capaz de alejar al mundo de los combustibles fósiles sin sacrificar derechos sociales y ambientales.
La Cumbre demuestra la fuerza de la movilización global
En medio de este escenario global, la Cumbre de los Pueblos realizada en Belén adquiere gran relevancia, según Rachitaa, por demostrar que la fuerza política proviene de las bases, los territorios y las comunidades organizadas. La movilización reunió a cerca de 24.000 personas en una amplia programación de una semana y en una marcha global por justicia climática que llevó a 70.000 personas a las calles.
El encuentro, afirmó, mostró que existe un proyecto claro de justicia climática construido colectivamente, arraigado en las experiencias de quienes enfrentan desde hace décadas los impactos socioambientales más profundos. Esta movilización, sostiene, es lo que presiona a los gobiernos, expone contradicciones en las negociaciones internacionales y evita que las falsas soluciones avancen sin contestación. “La Cumbre de los Pueblos mostró que no estamos solos y que existe poder cuando nos movemos juntas y juntos”, concluyó.